Deseo expresar mi agradecimiento por haber sido invitado de nuevo a participar en el coloquio sobre laicismo y religiones. Me parece un tema de urgente actualidad, de obligada reflexión y de necesaria aplicación en nuestras sociedades democráticas que, en algunos países parecen estar ancladas en el pasado nacionalcatólico y en otras quedan todavía restos de teísmo político.

Mi análisis se va a centrar en el caso de España, que es el que conozco más de cerca y sobre he reflexionado críticamente durante los últimos años. Dos son las preguntas a las que deseo responder: ¿Es el gobierno socialista rehén de la iglesia católica? ¿Es la iglesia católica el cuarto poder del Estado?

1.EL GOBIERNO SOCIALISTA, ¿REHÉN DE LA IGLESIA CATÓLICA?

Me gustaría poder responder negativamente a la pregunta que da título a este artículo, e incluso con un signo de admiración: ¡de ninguna manera! Así debería ser si nos atenemos a la Constitución Española, a la secularización de la sociedad española, al ideario fundacional del PSOE y a su trayectoria más que centenaria, hasta la llegada al poder. Es en ese momento en el que comienza la renuncia gradual a su tradición laica e inicia sus alianzas con la Iglesia católica, sobre todo en la segunda etapa del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Ahora mi respuesta no puede ser más que afirmativa. Efectivamente, el Gobierno y, me atrevería a decir que también el Parlamento, han perdido parte de su autonomía y de su carácter laico. ¿Quién lo iba a decir casi treinta años después de que la Constitución Española declarase que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (16.3)?

Es verdad que durante la primera etapa de la legislatura se aprobaron leyes como la del matrimonio homosexual y del llamado divorcio express, que contaron con el rechazo de la jerarquía católica, pero los legisladores no sucumbieron a las presiones eclesiásticas. Pero pasado el ecuador de la legislatura, la impresión es que el Gobierno se sintió rehén de la Iglesia católica hasta extremos difícilmente comprensibles. Cuanto más se manifestaban y gritaban las huestes episcopales en los espacios públicos –nuevos púlpitos del integrismo católico-, más privilegios recibían del Gobierno y más era escuchada la voz de los obispos que intervenían en la elaboración de las leyes desde fuera del Parlamento. Y todo ello en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución de 1978, y ante la incomprensión de no pocos de los militantes y electores socialistas. Así lo reconoció el número dos del PSOE José Blanco al afirmar que el trato del Gobierno a la Iglesia católica “ha sido exquisito” y que el acuerdo de financiación “ha sido cuestionado por buena de la sociedad y por muchos votantes del PSOE y que nada tiene que ver con el trato a la Iglesia católica en la Unión Europea”. Blanco dixit.

El ejemplo más palmario contra la laicidad del Estado y a favor de la nueva alianza entre el trono y el altar ha sido el acuerdo de financiación. Los Presupuestos Generales del Estado para 2007 subieron del 0,52 al 0,70 en la declaración de la renta para la subvención de la Iglesia católica con los votos a favor de fuerzas políticas laicas y de izquierdas como el PSOE y BNG y de nacionalistas como el PNV y Coalición Canaria. El incremento entraba en abierta contradicción con las declaraciones de la vicepresidenta y de otros miembros del gobierno partidarias de reducir el apoyo económico del Estado a la Iglesia católica y de la autofinanciación de ésta. ¡Con qué facilidad ha logrado la Iglesia católica lo que, tras años de lucha, no han conseguido las Organizaciones No Gubernamentales, que vienen reclamando en vano el 0,7 para proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo! A su vez, el incremento contradice el propio Acuerdo Económico entre la Santa Sede y el Gobierno España de 1979, en el que “la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos necesarios para la atención de sus necesidades” (art. 2.5). Con la fórmula actual, lejos de ir hacia a la autofinanciación, vamos en dirección contraria. La financiación a la Iglesia incumple al principio de igualdad, reconocido en la Constitución, y es discriminatoria para con las otras confesiones religiosas, a las que los declarantes que lo deseen no pueden destinar el 0,7 % de sus impuestos. Si el Acuerdo de 1979 era preconstitucional e incluso anticonstitucional, el incremento actual lo es doblemente. Además, a través de un intercambio de notas entre el Ministro de Asuntos Exteriores y el Nuncio Apostólico, el acuerdo se elevó a la categoría de estable.

Otro ejemplo de trato favorable a la Iglesia católica es la LOE, que mantiene la oferta obligatoria de la religión católica en todos los colegios, públicos, concertados y privados, y en todos los niveles de la enseñanza escolar, desde la infantil hasta el bachillerato, considera la asignatura evaluable y mantiene la alternativa a la religión católica. En una muestra más de injerencia clerical y de transgresión de las normas de acceso del profesorado a la docencia, los obispos siguen detentando el privilegio de nombrar y cesar a los profesores de religión, cuando es el Estado quien los contrata y paga, y quien se hace cargo de las indemnizaciones cuando los tribunales fallan a favor de los profesores que van a los tribunales a denunciar despidos que en la mayoría de los casos se declaran nulos o improcedentes. ¡La situación puede ser mas esperpéntica!

Una muestra más de la influencia de la Iglesia católica en la elaboración de las leyes ha sido la asignatura de Educación para la Ciudadanía que, según confesión del Embajador de España en el Vaticano Francisco Vázquez, fue negociada con la Santa sede “para obtener una pax con Roma” (¡Ya sabemos lo que implicaba la pax romana!). Para ello hubo que eliminar del temario de la nueva asignatura los puntos que pudieran entrar en colisión con la doctrina y moral católicas, como el aborto o el matrimonio homosexual. A estas concesiones hay que sumar otra más preocupante todavía: la adaptación de la asignatura al ideario de los centros católicos para evitar el boicot a la asignatura con el que amenazaron los colegios católicos, contrarios desde el principio a la Ley y a que se impartiera la nueva materia por temor a perder el control de la educación moral, que viene detentando la Iglesia católica desde siglos.

Tampoco dice mucho a favor de la laicidad la reiterada presencia de representantes de las distintas instituciones públicas –estatales, autonómicas y municipales- en ceremonias religiosas de profundo significado simbólico, como procesiones, funerales católicos llamados “de Estado”, elevación de obispos españoles al cardenalato, canonizaciones y beatificaciones, la última de las cuales fue la de los 498 “mártires de la Cruzada”, etc. La celeridad en la participación de los cargos públicos en actos religiosos católicos choca con la reiterada ausencia de las autoridades políticas del mismo rango en actos de otras confesiones religiosas.

Rehén de la Iglesia católica se ha mostrado el gobierno socialista en cuestiones relativas al origen y al final de la vida. Por eso no se ha atrevido a llevar al Parlamento leyes que cuentan con una amplia demanda social como la que amplia los supuestos para la interrupción del embarazo y la de eutanasia a favor de una muerte digna.. En estos temas se está imponiendo a la sociedad española los criterios morales de una religión que no tienen por qué ser compartidos por todos los ciudadanos y ciudadanas.

Muchas veces me pregunté –y he preguntado a personas cercanas al gobierno- durante la pasada legislatura si algunos de sus miembros y el mismo presidente Rodríguez Zapatero se habrán convertido al catolicismo. No lo creo. Pero si lo hubieran hecho, no habría sido ciertamente a la Iglesia de base, sino a la jerárquica, a la que han llenado de privilegios.

Me pareció bien que el Gobierno y el PSOE respondieran “poniendo las cosas en su sitio” a las provocaciones de algunos obispos que en la concentración del 30 de diciembre en Colón cuestionaron el Estado de derecho y que reaccionaran críticamente a la Nota de los obispos emitida el pasado 30 de enero, que implícitamente pedía el voto para el PP. Pero no es suficiente. Hay que pasar de las palabras a los hechos y avanzar hacia la construcción del Estado laico, que no es contrario a ninguna religión o ideología, sino que respeta la libertad de conciencia y la libertad religiosa. El primero paso debe ser la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede que si, en el momento de la firma eran formalmente preconstitucionales, hoy resultan a todas luces anacrónicos. Anacronismo que será más acusado cuanto más se tarde en revisarlos. Así se liberaría al Gobierno, a cualquier gobierno, de la atadura de pies y manos a la que se ve sometido ahora en materia religiosa. La revisión lleva derechamente a suprimir la financiación a la Iglesia católica y a no extenderla a otras religiones, y a sustituir la enseñanza confesional de la religión en la escuela por la enseñanza laica de historia de las religiones, que contribuiría a superar el analfabetismo religioso de la población española y a eliminar el carácter confesional que todavía tiene la escuela.

Es necesario, asimismo, elaborar una nueva Ley de Libertad de Conciencia y Libertad Religiosa, que sustituya a la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa, superada por los profundos cambios sociorreligiosos producidos en la sociedad española en los últimos treinta años, como el avance la increencia, el crecimiento numérico de otras religiones distintas de la católica, la aparición de nuevos movimientos religiosos, etc.

A estas dos medidas habría que sumar una tercera: la elaboración de una Ley o un Estatuto de Laicidad en todos los ámbitos de la función pública: nacional, autonómico y municipal, que evitaría la confusión entre religión y política actualmente reinante cuando las autoridades políticas en cuanto tales participan - e incluso presiden- ceremonias religiosas de la Iglesia católica.

Me gustaría que estas propuestas fueran tenidas en cuenta por el nuevo gobierno recién estrenado socialista para salir de las relaciones mercantiles y de la dependencia mutua entre Iglesia católica y Estado y entrar definitivamente en un nuevo paradigma caracterizado por la separación y la independencia, sin hipotecas por ambas partes, pero con una actitud de colaboración en cuantos asuntos contribuyan al bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.

Con dichas propuestas no se pretende eliminar la religión católica, ni ninguna otra religión de la vida pública, sino contribuir a la construcción del Estado laico, que es el marco político donde caben las diferentes ideologías, creencias y no creencias en igualdad de condiciones. Sin embargo, las declaraciones de los líderes más influyentes del socialismo no parecen ir en esa dirección, sino, más bien, en la contraria: ninguna de las medidas que acabo de proponer iban en su programa electoral del PSOE de las elecciones del 9 de marzo pasado. Y si alguna voz apuntaba en ese sentido, enseguida es desmentida o neutralizada por otra de mayor autoridad, que alertaba sobre le necesidad de actuar con moderación.

2.LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA, ¿CUARTO PODER?

En El espíritu de las leyes Montesquieu se declara contrario a las formas despóticas de gobierno y pone como condición para no caer en ellas la división y la separación de poderes: el poder ejecutivo del legislativo y del judicial. Cuando una misma persona concentra los poderes ejecutivo y legislativo no hay libertad; tampoco cuando el poder judicial no está separado del ejecutivo y del legislativo. Es justamente el caso de la Iglesia católica, donde, según su Ley Fundamental, “el Sumo Pontífice, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, ostenta la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial” (AAS, 1 de febrero de 2001).

La prensa siempre se ha considerado el “cuarto poder”, metafóricamente hablando, no porque estuviera en competencia con los tres poderes del Estado moderno, sino por su capacidad de influir en los mismos a través de la crítica y de crear opinión en la ciudadanía. Pues bien, hoy en España existe una organización que parece competir con la prensa y pretende convertirse, de facto, en el “cuarto poder”: la Iglesia católica o, al menos su jerarquía. Durante los años de la transición, el catolicismo en su conjunto colaboró lealmente con las fuerzas democráticas en la transformación política de nuestro país. Hoy, sin embargo, la jerarquía católica española ha dado un giro inesperado: convive a disgusto con la secularización, se encuentra incómoda en la democracia y tiene conciencia de sentirse perseguida y discriminada. Lo que la lleva a la reconquista del poder perdido, en clara competencia y pugna casia diaria con los tres poderes del Estado.

Para ello recurre a cuatro estrategias. La primera es la apelación a la ley natural, de la que los obispos católicos se consideran celosos guardianes e intérpretes legítimos. Por eso se creen legitimados para fijar las posibilidades y los límites de las leyes que hayan de elaborarse en el Parlamento, colocándose a así por encima de los legisladores: de nuevo la voluntad episcopal por encima de la voluntad popular. Siguiendo esta lógica se oponen a la aprobación de determinadas leyes, sobre todo las que tienen que ver con el matrimonio, con el principio de la vida y con el final de vida. De ley natural es, para ellos, la indisolubilidad del matrimonio y que éste es la unión entre un hombre y una mujer; por eso se muestran contrarios al divorcio y al matrimonio de homosexuales. El mismo juicio condenatorio les merece la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo porque atenta contra la vida, la de reproducción asistida, porque no respeta el carácter sagrado e inviolable de la vida, o el caso de la eutanasia, porque el ser humano no es dueño de la vida. La debilidad del argumento episcopal radica en que se recurre al concepto de “ley natural”, hoy superado en el terreno moral y jurídico, y en que se considera tal lo que en realidad son planteamientos de una determinada doctrina moral, la del magisterio eclesiástico, que cuenta con no pocos críticos entre los teólogos y las teólogos y los movimientos cristianos.

La segunda estrategia es la ocupación de la calle. En muy pocos meses la jerarquía católica ha prestado su apoyo a dos manifestaciones convocadas por organizaciones cívicas y grupos católicos conservadores: una, contra los matrimonios homosexuales, calificados de “virus” y “falsas monedas”; otra, contra la ley de educación que, a su juicio, discrimina a la escuela católica y no garantizaba la enseñanza de la religión. Son medidas de fuerza que pretenden demostrar la gran capacidad de convocatoria de la Iglesia católica y su poderosa influencia en la sociedad. En ambos casos los obispos han desfilado junto a dirigentes del Partido Popular. Aun reconociendo el derecho de todo ciudadano a manifestarse libremente, lo que sorprende de la nueva estrategia episcopal es su empeño por demostrar en la calle una fortaleza y una vitalidad de las que carece en el seno de sus organizaciones, cada vez más en crisis. Mientras se ocupan las calles con manifestantes “de ocasión”, se desocupan los lugares religiosos de creyentes, y los ciudadanos desconfían cada vez más de la institución eclesiástica, según constatan las encuestas.

La tercera estrategia es el intento de confesionalizar las instituciones laicas, como la escuela y la universidad con un ideario religioso de centro a veces elitista, ideológicamente discriminatorio y poco abierto a la pluralidad cultural, religiosa y étnica, y los medios de comunicación, convertidos con frecuencia en plataformas de evangelización y trinchera ideológica de oposición Se trata de una estrategia que no respeta la autonomía y la laicidad de las realidades temporales, reconocidas ya en el concilio Vaticano II. La alternativa a la fiebre confesional del catolicismo oficial ha de ser, a mi juicio, la educación en una fe crítica y la creación de redes comunitarias comprometidas, junto a los movimientos sociales, en la respuesta a los grandes problemas de la humanidad como la lucha contra la pobreza y la defensa de la paz.

La cuarta estrategia a la que recurre la jerarquía católica para afirmarse como poder y reproducirse institucionalmente es la financiación por parte del Estado. Es ahí donde más empeño viene poniendo en las negociaciones con el gobierno y donde, a mi juicio, más debilidad está demostrando éste. Lo que con ello se constata es, por una parte, la falta de independencia y de mayoría de edad de la Iglesia católica y la poca credibilidad que tiene entre sus propios creyentes, y por otra, el miedo del gobierno a establecer una separación real entre Iglesia y Estado por las posibles repercusiones electorales negativas para su partido; lo que entra en contradicción con la tradición laica del PSOE. La alternativa más acorde con la naturaleza de la Iglesia católica y con el Acuerdo Económico de 1979 entre la Santa Sede y el Gobierno Español es la autofinanciación, signo de madurez de toda institución, de independencia y de libertad en el ejercicio de sus funciones.